La administración tributaria electrónica

administración tributaria electrónica

Hoy vamos a hablar de la administración tributaria electrónica. La introducción de la tecnología en la Administración, ha llevado a un nuevo modelo de funcionamiento. Este nuevo modelo hace que la Administración sea más abierta y comunicativa.

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La tecnología ha generado una Administración tributaria electrónica con mayor rendimiento, que cuesta menos y trabaja mejor.

Todo este proceso transformador podría dividirse en tres fases fundamentales:

  • La incorporación de los recursos tecnológicos.
  • Adaptación de la normativa
  • Consecución de la plena inclusión digital.

La homogenización de los recursos tecnológicos para la administración tributaria electrónica

Existen grandes desigualdades entre las administraciones autonómicas y las locales respecto a la sede electrónica de la AEAT.

Evidentemente, esta tendencia se ha dado principalmente en las administraciones locales de pequeños municipios. Éstas, no pueden asumir el desarrollo de sus propias aplicaciones informáticas ni los costes que de ellas se derivan.

De todos modos, ello no desvirtúa la necesidad de trabajar para conseguir un nivel de desarrollo electrónico equitativo.

Por ello, y sin dejar de seguir avanzando en la incorporación de las TIC de última generación en todas las administraciones, deberían centrarse los esfuerzos en conseguir la homogenización de las diversas aplicaciones instauradas, y es que la actuación conjunta es la única forma de acabar con esta fuerte desigualdad.

La elaboración de planificaciones estratégicas para conseguir el avance común es la manera de diseñar las mejores iniciativas y de rentabilizar los costes.

El asentamiento de la completa interconexión administrativa en la administración tributaria electrónica

La interconexión es la clave para que las administraciones puedan obtener todos los beneficios que aportan los nuevos medios técnicos

La interconexión también es esencial para una adecuada prestación de los deberes de información y asistencia. Considerando que algunos de los beneficios que se obtienen de ella constituyen parte del propio contenido de estos. También es indispensable para que todos los ciudadanos puedan gozar del derecho a idénticas prestaciones.

La mejora de la compatibilidad e interoperabilidad administrativa mediante la apuesta por el software libre

Resulta sumamente indispensable que se mejoren los niveles de interoperabilidad y compatibilidad entre las diferentes aplicaciones administrativas. También resulta imprescindible para conseguir la simplificación de la actuación ciudadana.

Por ello, podría suponer una barrera los sistemas no interconectados entre sí.

De hecho, sería realmente deseable que garantizar el máximo acceso electrónico que exige el artículo 8.1 de la Ley 11/2007. De esta forma, se permitiera la utilización de cualquier sistema operativo, evitando las barreras técnicas.

El software de adquisición, normalmente gratuita, se caracteriza por la posibilidad de acceder y modificar su código fuente. Esto permite observar cómo ha sido diseñado un programa y proceder a su uso, copia o modificación.

Por ello resulta mucho más que adecuada la utilización administrativa del software libre. De esta forma, aparte de no existir derechos que impongan restricciones, su coste es mucho menor.

Sin embargo, el artículo 41 de la LAECSP se limita a establecer con carácter general que «las  administraciones públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas,  organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica».

De este modo, ha optado por no imponer la obligación de utilizar fuentes abiertas. A pesar de que el propio artículo exija respeto al principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad ha añadido que se utilizarán estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. De esta forma evitará discriminaciones y garantizará la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas.

La desaparición de normas programáticas y de conceptos jurídicos indeterminados

Aquellas primeras previsiones genéricas sobre incorporar los nuevos medios en el seno de la actividad administrativa, se han convertido en una ley en materia de Administración electrónica. Ello ha procurado acabar con el carácter fragmentario y disperso de la regulación al respecto creando un marco jurídico completo sobre la misma.

Asimismo, la LAECSP ha creado un auténtico estatuto jurídico de los ciudadanos frente a la e-Administración. En ella ha reiterado algunos de los derechos ya existentes y ha recalcado meras obviedades. Además, conviene destacar también que ha llegado a ampliar algunos de los derechos administrativos tradicionales. Para ello ha justificado su procedencia con base en la imposibilidad de prestar dichas extensiones sin contar con las posibilidades que ofrece el uso de las TIC.

Sin embargo, la mayor relevancia de todo esto radica en el reconocimiento de la utilización de la vía electrónica por parte de los ciudadanos.

El carácter de las TIC y la falta de conocimientos han obligado a adoptar normas programáticas. En muchos casos han pecado de demasiado optimismo.

Todo ello también ha comportado que la necesidad de paliar el excesivo coste fiscal indirecto del conocimiento, se haya incrementada.

Por consiguiente, la necesidad de no dejar de avanzar en este campo. Sigue estando latente tanto en el ámbito administrativo como en el propiamente tributario. Y más teniendo en cuenta que las TIC y, por ende, su inclusión se encuentran en constante evolución.

La generalización de las actuaciones de asistencia encaminadas a la realización de las declaraciones tributarias

La incorporación de las TIC ha marcado un punto de inflexión hacia un nuevo modelo de funcionamiento de la Administración tributaria. Esto va más allá de las consecuencias inherentes a la utilización de los nuevos medios y técnicas.

De esta forma, las nuevas actuaciones han marcado el cambio de una Administración básicamente controladora a una Administración eminentemente asistencial.  También se ha iniciado un nuevo modelo que sigue basado en las autoliquidaciones y deberes a cargo de los obligados tributarios. Todo ello avanza para conseguir un sistema de gestión compartida.

La presión fiscal indirecta se encuentra compensada más que nunca. La Administración realiza gran parte de los deberes formales de los obligados tributarios. Al mismo tiempo se consigue la disminución de los errores y el ejercicio de un efectivo control fiscal. Además, la exoneración de responsabilidad por infracción tributaria derivada de actuaciones de información y asistencia. De esta forma, la posibilidad de reclamar la oportuna responsabilidad patrimonial administrativa por los daños y perjuicios que se puedan generar protegen, la posición jurídica de estos. Por ello también, se encuentra compartida la responsabilidad.

Por consiguiente, la Administración tributaria electrónica debe seguir trabajando en esta línea.

De hecho, el trabajo realizado ha sido tal, que, parece que la tónica de su actuación debería centrarse  justamente en ir extendiendo paulatinamente la vía electrónica como forma de comunicación perceptiva.

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